Proyecto de comunicación para derogar emergencia territorial dispuesta por la ley nº 26160.

La Ley nacional 26160 fue sancionada a fines de 2006 por un plazo de vigencia de 4 años, a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país. 

Dicha norma estableció una emergencia territorial para las comunidades indígenas, suspendiendo la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras que ocupen las mismas. Asimismo, ordenó realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. 

Vencidos todos los plazos y visto el magro resultado, se procedió a prorrogar la vigencia
de la Ley en tres oportunidades, frente al vencimiento que debía operar en 2021 se insistió con una nueva prórroga. 

Como comentabamos, el resultado obtenido es exactamente al revés: particulares ven afectados sus derechos, eventualmente su propiedad privada, los Estados Nacional, Provinciales y Municipales se ven impedidos de realizar intervenciones en las tierras que, en muchos casos ni siquiera están en disputa.

Más aún, este estado “de emergencia” permitió el surgimiento de grupos sin raigambre histórica ni personería jurídica, que aduciendo “derechos ancestrales” iniciaron reclamos de tierras, en muchos casos, por medios violentos y que, llamativamente el denominador común de los fundos sobre los cuales se reclaman derechos ancestrales es que siempre poseen un elevado valor inmobiliario.

Es por ello que el presente proyecto propone comunicar al Poder Ejecutivo la necesidad de culminar con el estado de emergencia perpetua, como una manera de llevar paz, tranquilidad y certeza a miles de ciudadanos que se han visto y se ven afectados por dicha norma.